La pregunta central debería ser:

¿Qué condiciones protegen mejor los derechos, vínculos, necesidades y desarrollo integral del niño, niña o adolescente?

El artículo 44 de la Constitución Política establece la prevalencia de los derechos de los niños. Los artículos 8, 9, 23 y 26 de la Ley 1098 de 2006 desarrollan, entre otros, el interés superior, la prevalencia de derechos, la custodia y cuidado personal y el derecho a ser escuchado.

El caso de Santiago

Santiago tiene 10 años. Sus padres, Laura y Andrés, se separaron después de doce años de convivencia.

Santiago vive principalmente con su madre y comparte determinados períodos con su padre. Con el tiempo, la relación entre los adultos se deteriora.

Laura considera que Andrés tiene dificultades para mantener algunas rutinas del niño. Andrés sostiene que existen obstáculos para relacionarse con su hijo.

Entonces aparece una pregunta:

¿Con quién debería vivir Santiago?

Desde una perspectiva jurídica y psicológica, conviene reformularla:

¿Qué modalidad de custodia y cuidado personal protege mejor el interés superior de Santiago?

Los nombres y circunstancias son completamente ficticios y fueron creados exclusivamente con fines educativos. No corresponden ni reproducen casos, pacientes o usuarios de Jade Salud IPS.

La custodia no es un premio

El artículo 23 de la Ley 1098 de 2006 reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a que sus padres asuman de manera permanente y solidaria su custodia y cuidado personal.

En la Sentencia T-255 de 2024, la Corte Constitucional reiteró que debe examinarse la posibilidad de custodia compartida cuando el material probatorio permita establecer la idoneidad de ambos progenitores y las condiciones del entorno no expongan al niño a riesgos prohibidos. Cuando las circunstancias concretas no lo permitan, podrá establecerse la modalidad de custodia que corresponda, siempre bajo el principio del interés superior.

Por ello, no existe una solución automática aplicable a todas las familias.

Santiago tiene derecho a ser escuchado

Santiago expresa:

“No quiero que sigan peleando por mí”.

El artículo 26 de la Ley 1098 de 2006 reconoce su derecho a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta.

La Sentencia T-173 de 2026 reiteró esta garantía y destacó que las decisiones deben considerar las circunstancias particulares del NNA, su estabilidad emocional, su desarrollo y la valoración interdisciplinaria cuando resulte pertinente.

Pero escuchar a Santiago no significa trasladarle la responsabilidad de escoger entre sus padres.

Si rechaza el contacto con alguno de ellos, tampoco puede concluirse automáticamente cuál es la causa.

Una conducta o expresión aislada no constituye por sí misma un diagnóstico ni una conclusión psicológica forense.

¿Qué aporta una evaluación psicológica forense?

Una evaluación psicológica forense tiene una finalidad diferente de la psicoterapia o de una valoración exclusivamente clínica.

Su propósito es aportar información psicológica especializada para responder preguntas técnicamente delimitadas y relevantes dentro de un contexto jurídico.

Dependiendo del objeto pericial, pueden explorarse aspectos relacionados con recursos y competencias parentales, necesidades psicológicas del NNA, vínculos y dinámicas familiares, factores protectores y de riesgo, condiciones de cuidado y exposición al conflicto interparental.

La T-173 de 2026 destaca precisamente la importancia de integrar las evaluaciones interdisciplinarias y demás medios probatorios pertinentes para comprender la situación del NNA dentro de su contexto.

Existe, sin embargo, un límite fundamental:

Una evaluación psicológica forense no decide la custodia.

El profesional aporta elementos técnicos dentro del objeto y alcance de su evaluación. La decisión corresponde a la autoridad competente.

Primero claridad. Después, evaluación.

En un proceso de custodia conviene mantener tres diferencias:

Evaluar no es decidir.
Un hallazgo psicológico no equivale automáticamente a una conclusión jurídica.
Un dictamen pericial no sustituye la valoración de la autoridad competente.

Por eso, antes de solicitar una evaluación, la pregunta debería ser:

¿Qué necesita responder el caso y qué tipo de evaluación, si alguna, resulta pertinente?

Jade Salud IPS | Salud mental en contextos jurídicos

En Jade Salud IPS brindamos orientación sobre servicios de salud mental y evaluación psicológica forense de acuerdo con la finalidad, el contexto y las necesidades particulares de cada caso.

¿Tienes un proceso de custodia y necesitas orientación sobre el servicio que podría corresponder?

Escríbenos “CUSTODIA”.