La psicología forense desempeña un papel fundamental en los procesos judiciales de familia relacionados con divorcios, separaciones conflictivas, custodia, visitas y violencia intrafamiliar. Su función consiste en aportar conocimientos científicos que permitan comprender las dinámicas familiares, evaluar capacidades parentales, identificar posibles afectaciones psicológicas y reconocer factores de riesgo y protección. Este artículo presenta una revisión narrativa de literatura científica, legislación y jurisprudencia colombiana, con énfasis en fuentes de 2021 a 2026. Se concluye que la evaluación psicológica forense constituye un medio probatorio especializado cuya validez depende de la imparcialidad, el rigor metodológico y la fundamentación de sus conclusiones.
Palabras clave: psicología forense, custodia, divorcio, prueba pericial, conflicto parental, interés superior del niño.
Los divorcios y las separaciones conflictivas pueden generar controversias sobre custodia, cuidado personal, visitas y responsabilidades parentales. Cuando existen versiones contradictorias, posibles afectaciones emocionales o situaciones de violencia, las autoridades judiciales pueden requerir evaluaciones psicológicas especializadas.
El psicólogo forense no interviene para favorecer a uno de los progenitores ni para determinar quién debe ganar el litigio. Su función es examinar cuestiones psicológicas relevantes y aportar evidencia técnica para orientar la valoración judicial.
A diferencia de la psicología clínica, dirigida principalmente al tratamiento, la psicología forense tiene una finalidad evaluativa y probatoria. Requiere independencia, métodos científicamente fundamentados y conclusiones ajustadas a los hallazgos (American Psychological Association [APA], 2022).
Funciones del psicólogo forense en los conflictos familiares
Divorcios y separaciones conflictivas
La separación no constituye por sí misma evidencia de daño psicológico. La evaluación debe diferenciar las reacciones emocionales propias de una reorganización familiar de posibles afectaciones asociadas a violencia, negligencia o exposición persistente al conflicto.
El perito examina las relaciones familiares, los recursos de afrontamiento y las condiciones de riesgo y protección. Cuando existen indicios de violencia, debe considerar las posibles asimetrías de poder, evitando atribuir automáticamente igual responsabilidad a ambos progenitores.
Custodia y capacidades parentales
Las evaluaciones de custodia analizan las necesidades de los hijos y las condiciones reales de cuidado de los progenitores.
Se consideran aspectos como la sensibilidad emocional, las prácticas de crianza, la estabilidad, la protección y la disponibilidad parental.
La APA (2022) recomienda integrar diferentes fuentes de información y evitar conclusiones sustentadas exclusivamente en pruebas psicométricas.
Un diagnóstico psicológico o psiquiátrico no demuestra, por sí solo, incapacidad parental. Es necesario establecer su relación concreta con el ejercicio del cuidado.
La voz de niños, niñas y adolescentes
El derecho de los niños a ser escuchados constituye una garantía fundamental. Sin embargo, su opinión debe interpretarse considerando el desarrollo evolutivo, las experiencias familiares y las circunstancias en las que se expresa.
Una preferencia puede estar relacionada con necesidades afectivas, temores, experiencias de cuidado o conflictos de lealtad.
Escuchar al niño no significa trasladarle la responsabilidad de decidir el conflicto judicial.
Tampoco resulta científicamente adecuado considerar que un cambio de preferencia demuestra automáticamente manipulación parental.
Violencia intrafamiliar y conflictos de visitas
La resistencia de un niño al contacto con un progenitor puede tener múltiples explicaciones, incluyendo dificultades vinculares, temor, influencia de terceros o experiencias de violencia.
El psicólogo debe investigar estas posibilidades sin anticipar diagnósticos ni atribuir responsabilidades sin evidencia suficiente.
En contextos de violencia, la evaluación debe considerar los riesgos, las posibles afectaciones psicológicas y la prevención de la revictimización (APA, 2024).
3. ¿Cómo se realiza una evaluación psicológica forense?
El procedimiento debe responder a preguntas periciales concretas y comprender, según las necesidades del caso:
- Definición del objeto pericial: establecer qué aspectos psicológicos requieren evaluación.
- Revisión documental: analizar antecedentes y diferenciar hechos acreditados de alegaciones.
- Entrevistas y observaciones: examinar las condiciones psicológicas y familiares pertinentes.
- Instrumentos psicológicos: utilizar pruebas válidas cuando resulten necesarias.
- Contraste de información: integrar fuentes y considerar hipótesis alternativas.
- Informe pericial: presentar hallazgos, fundamentos, limitaciones y conclusiones.
La calidad de una evaluación depende de la pertinencia y solidez de sus procedimientos, no de la cantidad de pruebas aplicadas.
4. Marco jurídico y jurisprudencia colombiana
La actividad del psicólogo forense en asuntos familiares se encuentra relacionada con las siguientes disposiciones:
- Constitución Política, artículo 44: reconoce la prevalencia de los derechos de los niños.
- Ley 1098 de 2006: establece el interés superior y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
- Ley 1564 de 2012, artículo 226: regula los requisitos de la prueba pericial y exige fundamentos científicos, técnicos o artísticos.
- Ley 2126 de 2021: establece competencias de las Comisarías de Familia y sus equipos interdisciplinarios.
La jurisprudencia constitucional reciente aporta criterios relevantes para la práctica pericial.
| Sentencia | Aporte principal |
|---|---|
| T-267 de 2023 | Consideración de la violencia intrafamiliar y prevención de la revictimización en decisiones sobre visitas. |
| T-339 de 2023 | Valoración de la opinión infantil y de los riesgos asociados al contacto familiar. |
| T-526 de 2023 | Precaución frente al denominado síndrome de alienación parental y aplicación de perspectiva de género. |
| T-255 de 2024 | Necesidad de valorar integralmente los dictámenes psicológicos y sociales en procesos de custodia. |
| T-387 de 2025 | Valoración conjunta de pruebas y consideración del contexto de violencia familiar. |
La importancia de la Sentencia T-255 de 2024
La Corte Constitucional examinó una decisión del Juzgado Séptimo de Familia del Circuito de Barranquilla relacionada con custodia.
Identificó deficiencias en la valoración de dictámenes psicológicos y sociales y en la consideración del contexto familiar.
Esta providencia destaca que las conclusiones sobre capacidades parentales deben fundamentarse en el conjunto de la evidencia y no en características aisladas de los progenitores.
Primera y segunda instancia
En el expediente revisado mediante la Sentencia T-387 de 2025 se identifican las siguientes decisiones:
- Primera instancia de tutela: Juzgado Único Promiscuo Municipal de El Agrado, Huila, 5 de diciembre de 2024.
- Segunda instancia de tutela: Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garzón, Huila, 4 de febrero de 2025.
- Revisión constitucional: Corte Constitucional, Sentencia T-387 de 2025.
Estas actuaciones corresponden a instancias de tutela y no deben confundirse con las de un proceso ordinario de custodia.
5. Discusión
La literatura especializada y la jurisprudencia colombiana destacan que la evaluación psicológica forense debe ser imparcial, contextualizada y científicamente sustentada.
Simon y Shienvold (2023) resaltan la importancia de relacionar las necesidades de los hijos con las capacidades concretas de cuidado, evitando conclusiones basadas únicamente en características individuales.
Asimismo, las directrices de la APA (2022, 2024) enfatizan la competencia especializada, la transparencia metodológica y el reconocimiento de las limitaciones de la evaluación.
El principal desafío consiste en diferenciar los hallazgos psicológicos de las interpretaciones causales y las determinaciones que corresponden exclusivamente a la autoridad judicial.
6. Conclusiones
El psicólogo forense contribuye a los procesos judiciales de familia mediante evaluaciones especializadas sobre capacidades parentales, afectaciones emocionales, relaciones familiares y factores de riesgo y protección.
Su intervención requiere independencia profesional, rigor científico y respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La jurisprudencia colombiana reciente refuerza la necesidad de valorar integralmente los dictámenes, contextualizar la opinión infantil y evitar conclusiones sin suficiente fundamento.
La evaluación psicológica forense no sustituye la decisión del juez: aporta conocimiento científico para que la justicia decida con mayor fundamento.
Aviso legal y científico
Este artículo, elaborado por JADE SALUD IPS, tiene fines exclusivamente educativos, académicos y de divulgación científica. Su contenido se fundamenta en literatura especializada, legislación y jurisprudencia colombiana, y no constituye asesoría jurídica, diagnóstico psicológico ni dictamen pericial.
La información presentada no sustituye una evaluación psicológica forense individualizada ni el criterio de las autoridades judiciales competentes. Su aplicación debe considerar las particularidades de cada caso, la evidencia disponible y la normativa vigente.
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Referencias bibliográficas
American Psychological Association. (2022). Guidelines for child custody evaluations in family law proceedings. https://www.apa.org/about/policy/child-custody-evaluations.pdf
American Psychological Association. (2024). APA guidelines for psychological evaluations in child protection matters. https://www.apa.org/about/policy/psychological-evaluations-child-protection-matters
Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia.
Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1564 de 2012. Código General del Proceso.
Congreso de la República de Colombia. (2021). Ley 2126 de 2021. Regulación de las Comisarías de Familia.
